Gabriel Alberto Frizza, Diputado Nacional por Córdoba, e integrante de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano,  en comunicación con Aire Fm, expresó que la iniciativa que busca prohibir entre 30 y 60 años la venta de terrenos quemados va contra la protección ambiental y la propiedad privada.

“En la reunión de ayer hemos tenido un debate respecto a las acciones para el bien común de proteger el medio ambiente, y si bien no hemos podido ponernos de acuerdo en los instrumentos, lo importante es que haya un debate profundo y se busque cómo influir positivamente en la prevención y en las herramientas de acción cuando los incendios ya se producen”, explicó.

En este marco, detalló que la iniciativa impulsada por  el jefe de la banca del oficialismo, Máximo Kirchner y aceptada en el día de ayer, reforma la Ley 26.815 del Manejo del Fuego, al incorporarle la prohibición de realizar modificaciones en el uso a las superficies que tenían previo a los incendios provocados o accidentales, con el propósito de evitar emprendimientos inmobiliarios especulativos en esos predios.

Cabe mencionar que el proyecto que busca prohibir entre 30 y 60 años la venta de terrenos afectados por incendios forestales.

“Va contra la protección ambiental y atenta contra la propiedad privada”, según Frizza, dado que “la prohibición no tiene en cuenta el origen del incendio, crea un culpable en modo peligroso, no distingue entre incendios intencionales y accidentales, criminaliza al propietario de la tierra sin poder indagar sobre la culpabilidad”, sostuvo.

En plazos de 30 a 60 años no se podrán realizar en los bosques naturales o implantados la división, subdivisión, loteo, fraccionamiento o parcelamiento, total o parcial, o cualquier otro emprendimiento inmobiliario, distinto al arrendamiento y venta, de tierras particulares. “lo cual está bien y apoyamos y aprobamos”, comentó, pero no coincidió con la cláusula donde se prohíbe hacer cualquier actividad agrícola que sea distinta al uso y destino que la superficie tuviera al momento del incendio.

“En el caso del bosque nativo la ley hoy establece que hay una prohibición del cambio de uso a perpetuidad y esto lo baja a 60 años, va en contra de lo que está preanunciando el proyecto de ley”, precisó.

Asimismo, indicó que es excesivo el tiempo para una prohibición haciendo un tema confiscatorio de la propiedad privada. Pese a que, en Córdoba, el 95% de los incendios son intencionales la incidencia de cambio de uso del suelo es muy diminuta, manifestó.

Por otra parte, respecto a la Ley del Acuerdo Escazú, comentó que se trató la semana pasada y el proyecto quedó aprobado por 240 votos positivos, cuatro negativos y dos abstenciones y esperan por tratarlo prontamente.

Dicha Ley, tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.

Finalmente, dijo que la deforestación y el pedido por la sanción de una Ley de Humedales fueron mencionados por varios diputados y se busca una consolidación que unifique los más de 10 proyectos tendientes a lo mismo, para darle dictamen y poder tratarlo a la brevedad.

“Yo tengo más interés en un proyecto de educación ambiental que en cualquiera de las acciones punitivas que puedan aprobarse, porque luego esto no suele llevarse a cabo. Es la acción educativa y preventiva la que va a cambiar la situación”, dijo y ejemplicó “en Córdoba, de la cantidad de incendios que hemos tenido son muy pocos los que tuvieron una denuncia efectiva y muchos menos los casos en los que se ha detectado un culpable penal”, cerró.

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