Puntos clave:

• La Provincia asegura la compra, provisión y distribución de insumos esenciales para la atención sanitaria.
• Se sostiene la aplicación de la Ley 25.673 y la Ley 27.610 sobre interrupción voluntaria y legal del embarazo.
• El abordaje garantiza autonomía, información científica y acceso a métodos anticonceptivos para toda la población.

En un nuevo aniversario de la sanción de la Ley Nacional 25.673 de Salud Sexual y Procreación Responsable, el gobierno de La Rioja reafirmó su compromiso con las políticas públicas destinadas a garantizar el acceso a la salud sexual, la anticoncepción y el derecho a decidir. A través del Ministerio de Salud, la Provincia sostiene la adquisición y distribución de insumos esenciales para la atención, en un contexto nacional marcado por restricciones y dificultades para la continuidad de estas prestaciones.

La normativa, sancionada el 30 de octubre de 2002, marcó un cambio histórico en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos en Argentina al establecer que el acceso a información científica, la autonomía y la toma de decisiones libres sobre el propio cuerpo constituyen pilares fundamentales de la salud pública. En este sentido, el compromiso institucional también comprende la implementación de la Ley 27.610, asegurando una atención integral que respete la autonomía de las personas y garantice prestaciones seguras.

Declaraciones oficiales y alcance de la medida

Al respecto, Marta Llanos, referente de la Dirección General de Salud Sexual, Género y Diversidad de la cartera sanitaria, remarcó el impacto normativo e institucional: "La Ley 25.673 significó un cambio de paradigma, porque reconoció que la salud sexual es un derecho y que todas las personas deben contar con información, acceso a métodos anticonceptivos y herramientas para tomar decisiones libres e informadas sobre sus cuerpos y sus proyectos de vida", sostuvo la funcionaria.

Asimismo, la especialista advirtió sobre la necesidad de sostener los recursos operativos en el territorio provincial: "Garantizar estos derechos requiere políticas públicas sostenidas, insumos disponibles y equipos de salud preparados para brindar una atención integral, segura y respetuosa. El acceso a la salud sexual y reproductiva no puede depender de las circunstancias: debe ser una garantía efectiva para toda la población", indicó. De esta manera, La Rioja busca que el reconocimiento legal de los derechos se traduzca en prestaciones accesibles y un acompañamiento riguroso de los equipos sanitarios locales.