El dirigente libertario Javier Ruiz salió en defensa de Yiyi Ceballos en medio de la controversia por el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam) en La Rioja. En declaraciones públicas, Ruiz criticó al ministro Harry Pérez y deslizó que el organismo habría emitido “certificados truchos” para perjudicar a referentes de su espacio. También sugirió que el Redam depende del gobierno provincial y cuestionó la gestión del área que expide los certificados.

En ese mismo descargo, Ruiz afirmó que el concejal Gonzalo Becerra había sido “denunciado por deuda alimentaria”. Sin embargo, esa aseveración no se condice con la documentación judicial a la que este medio tuvo acceso, donde consta un plan de parentalidad firmado y presentado el 25 de febrero de 2025, para su homologación en la Cámara Cuarta, Secretaría B, en el que Becerra acuerda una cuota alimentaria y otras obligaciones respecto de su hija menor.

Nota: Por resguardo de la identidad de la niña, se omiten datos personales.

Qué dice el expediente

Según el escrito presentado para homologación, las partes acordaron, entre otros puntos:

• Cuota alimentaria equivalente al 20% de los haberes que Becerra percibe como concejal, con descuento por planilla en la Municipalidad.
• Pago de la cuota escolar y de clases de inglés de la menor.
• Un régimen de comunicación amplio y el deber de información compartido entre ambos progenitores.

Estos elementos evidencian un acuerdo formal de cumplimiento y no prueban por sí mismos una inclusión en el Redam por morosidad. En otras palabras, tener un plan de parentalidad homologado o en trámite no equivale a estar registrado como deudor alimentario, que es una situación distinta y sujeta a otras condiciones.

El foco del debate

Mientras Ruiz sostiene que hubo irregularidades en la emisión de certificados vinculados al Redam, desde el expediente citado se desprende que, en el caso de Becerra, existe un acuerdo específico de obligaciones alimentarias. La discusión pública, entonces, combina dos planos diferentes: por un lado, la validez y gestión de los certificados del Redam; por otro, la situación particular de un expediente familiar que recoge compromisos económicos ya establecidos.

La polémica sigue abierta y, como en toda controversia institucional, la precisión de los datos resulta clave para que la ciudadanía pueda formarse una opinión informada.