En la residencia de Olivos durante el fin de semana, el presidente Alberto Fernández dio una muestra de rotundo apoyo político al ministro de Educación, Nicolás Trotta, para que designe a una mujer de su máxima confianza, Marisa Díaz, como su secretaria de Educación. Se trató de un gesto de respaldo elocuente del jefe del Estado a su ministro, a quien había desautorizado la semana anterior cuando suspendió las clases en el AMBA por 15 días.

Marisa Díaz dejará así su cargo actual, de secretaria general del Consejo Federal de Educación, que nuclea a todos los ministros del área de las provincias. Y en su lugar asumirá Mario Oporto, ex ministro de Educación bonaerense en la gestión de Daniel Scioli, que venía trabajando junto a Trotta en temas de educación para el trabajo.

El lugar que ocupará Díaz fue el mismo que dejó Adriana Puiggros a mediados del año último cuando renunció enojada por diferencias insalvables con Trotta. Puiggros respondía incondicionalmente al Instituto Patria, que dirige Cristina Kirchner. En ese momento, el Presidente se inclinó por su ministro en desmedro del kirchnerismo, y ahora, con el nombramiento de Marisa Díaz, buscó reivindicar a Trotta que venía muy golpeado políticamente.

Previo a ello, Alberto Fernández había anunciado el miércoles último el cierre total de las clases presenciales en todo el sistema educativo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Lo hizo sin comunicárselo a Trotta ni al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Pocas horas antes, Trotta había asegurado ante el Consejo Federal de Educación que no había motivos para suspender la presencialidad.

De ese modo, Trotta quedó descolocado políticamente ante todos los ministros de Educación de las provincias y ante toda la comunidad educativa. Después de ello, cerró sus teléfonos y puso a disposición su renuncia ante Alberto Fernández, quien no se la aceptó porque Trotta es de su núcleo duro.

La medida adoptada por Fernández, así como la de restringir los horarios de la nocturnidad para comercios, locales gastronómicos, actividades recreativas y circulación callejera, fue dispuesta por una fuerte presión de la vicepresidenta Cristina Kirchner y del gobernador bonarense, Axel Kicillof, ante el aumento galopante de casos de contagios de Covid 19, especialmente en el conurbano.

Pero tanto Trotta como la ministra de Salud, Carla Vizzotti, habían afirmado que la educación era la última actividad que se iba a restringir porque no generaba contagios, según estaba comprobado en todas las mediciones epidemiológicas. Ahora el discurso cambió y el Presidente asegura que tomó la medida de cierre de las clases presenciales por los datos científicos, que en rigor nunca pudo demostrar en público.

Durante una conversación larga y minuciosa, Alberto Fernández y Trotta acordaron que luego de los 15 días de suspensión de clases -termina el 30 de abril- dispuestos por el DNU 241, que está cuestionado por la Ciudad ante la Corte Suprema, el Gobierno avanzará en un esquema de “presencialidad administrada” en todos los niveles de la educación y para todas las provincias, incluida el AMBA.

En un primer momento, se podrían aplicar esquemas intermedios en los que se reducirá la presencialidad a menos días para todos los alumnos de todos los grados de la educación inicial, primaria y secundaria, de manera de reducir la circulación por las calles y por el transporte público.

Un esquema similar maneja la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, que quería proponerle a Trotta un esquema de cuatro escenarios para un cierre escalonado de la educación según etapas epidemiológicas. Por ahora, Trotta puso en stand by la reunión pedida tres veces por Soledad Acuña luego del fallo de la justicia porteña que suspendió las clases presenciales.

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